En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los recientes casos de Puebla y Campeche, donde medidas impulsadas por gobiernos de Morena han generado un intenso debate nacional sobre los límites entre la seguridad digital, la protección a las mujeres y el derecho a la libre expresión.
Puebla: ¿Ley contra el ciberacoso o herramienta de censura?
La recién aprobada Ley de Ciberseguridad en Puebla, denominada por opositores como “Ley Censura”, ha desatado movilizaciones de periodistas y organizaciones civiles. El principal punto de conflicto es la figura del “ciberasedio”, que penaliza con hasta 3 años de prisión a quienes “insulten, injurien o vejen” en redes sociales, una redacción que críticos consideran ambigua y susceptible de uso arbitrario contra opositores y medios.
Sheinbaum defendió la ley, señalando que su objetivo es combatir el ciberacoso y que normas similares ya existen en Nuevo León y Coahuila. Sin embargo, evitó referirse directamente a las preocupaciones sobre su posible uso para silenciar críticas, limitándose a afirmar: “En todo caso, debe quedar claro que no aplica a funcionarios públicos”.
Aunque el gobierno estatal anunció foros de discusión, colectivos acusan que son una simulación, pues no hay indicios de que se modifique el polémico artículo.
Campeche: Periodista procesado ¿Crítica legítima o violencia de género?
En otro caso de alto impacto, el periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, enfrenta un proceso penal impulsado por la gobernadora Layda Sansores, acusado de calumnia y violencia contra las mujeres. González sostiene que su medio ha denunciado actos de corrupción en la administración estatal y que las acusaciones son una represalia por su labor informativa.
La presidenta Sheinbaum respaldó la acción legal, argumentando que el caso no es político, sino por “críticas misóginas” hacia Sansores vinculadas a su físico. “No es una cuestión partidista; es violencia machista”, declaró.
No obstante, organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han alertado sobre el uso de figuras penales para intimidar a la prensa crítica.
Libertad de expresión vs. Seguridad: ¿Dónde está el límite?
Mientras Sheinbaum insistió en que “siempre está a favor de la libertad de expresión”, analistas y defensores de derechos humanos cuestionan la coherencia de su postura ante normativas que, en la práctica, podrían criminalizar la disidencia.
El debate sigue abierto: ¿Realmente protegen estas leyes a la ciudadanía o son un riesgo para la democracia? La sociedad exige claridad antes de que más estados repliquen modelos similares.
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