La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum que busca modificar varios aspectos del juicio de amparo, considerado uno de los principales mecanismos de defensa ciudadana frente a abusos de autoridad.
Con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, el dictamen fue avalado en lo general y en lo particular, aunque con cambios en su artículo transitorio para precisar la aplicación de las nuevas disposiciones. El documento fue enviado de nuevo al Senado, donde se discutirán las reservas que aún generan controversia.
Entre los puntos centrales, la reforma limita la posibilidad de otorgar suspensiones cuando se considere que afectan al “interés social” o al “orden público”, además de restringir el concepto de interés legítimo, lo que podría dificultar que organizaciones civiles o colectivos interpongan amparos en defensa de causas ambientales o sociales. También contempla ajustes al uso de medios digitales, plazos máximos para resolver juicios y cambios en la responsabilidad de los servidores públicos que incumplan sentencias.
Críticos y especialistas advierten que estas modificaciones podrían debilitar el alcance del amparo como herramienta para proteger los derechos humanos y el control ciudadano sobre el poder. Por su parte, el gobierno federal sostiene que la reforma busca hacer los procesos más ágiles, modernos y equilibrados, sin vulnerar la Constitución.
Con su aprobación en Diputados, la iniciativa avanza hacia su etapa final. De ser ratificada por el Senado, México tendría la primera reconfiguración profunda del amparo en más de una década, un cambio que podría redefinir la relación entre ciudadanos y autoridades ante los tribunales.
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