Manuel Castellanos
En política, no todo lo que se puede hacer necesariamente se debe hacer. Esa es la pregunta que hoy vale la pena plantear con serenidad: ¿es realmente indispensable una reforma electoral en este momento?
El sistema electoral mexicano no nació de un capricho. Es el resultado de décadas de acuerdos y aprendizajes. La reforma de 1977 abrió la puerta al sistema mixto de elección (mayoría relativa y representación proporcinal); en 1996 se consolidó la autonomía de las autoridades electorales; y en 2014 se creó el Instituto Nacional Electoral, fortaleciendo la certeza y la competencia. Cada etapa tuvo un propósito claro: construir un modelo que garantizara equilibrio y pluralidad.
Gracias a ese proceso, México cuenta hoy con reglas que han permitido alternancia, estabilidad y gobernabilidad.
Por eso, cualquier modificación al sistema debe analizarse con cuidado. La representación proporcional, los plurinominales y el financiamiento público a los partidos no surgieron como privilegios, sino como mecanismos para asegurar que todas las voces tengan espacio en las instituciones.
Reducir plurinominales o debilitar el financiamiento puede sonar atractivo en el discurso, pero tiene efectos reales: afecta principalmente a las fuerzas políticas minoritarias y altera los contrapesos que dan balance al Congreso. No se trata de defender intereses partidistas, sino de cuidar la arquitectura democrática que ha funcionado.
Los plurinominales cumplen una función esencial: evitar que una sola fuerza concentre toda la representación aun cuando exista una sociedad diversa. Son un mecanismo correctivo que permite que el Congreso refleje mejor la pluralidad del país. Sin ellos, la representación correría el riesgo de volverse desproporcionada.
De igual forma, el financiamiento público a los partidos tiene una razón de ser. Los partidos son el vehículo institucional para que los ciudadanos participen en política. Debilitarlos económicamente no fortalece a la democracia; por el contrario, puede abrir la puerta a que solo compitan quienes cuentan con recursos privados o intereses particulares.
Eso sí sería un retroceso.
Desde luego, toda reforma electoral puede tener aspectos positivos. Revisar procedimientos, mejorar la fiscalización o hacer más eficientes algunos procesos siempre es sano. Nadie se opone a perfeccionar lo que sea perfectible.
La clave está en distinguir entre mejorar el sistema y desajustarlo.
Las reglas del juego democrático no deberían cambiarse por impulsos coyunturales. Deben responder a diagnósticos serios y pensarse para el largo plazo. Antes de modificar un modelo que ha dado estabilidad, conviene preguntarse con honestidad: ¿qué problema concreto se busca resolver?
México necesita instituciones electorales fuertes, partidos competitivos y un Congreso donde convivan todas las expresiones políticas. Esa diversidad ha sido uno de los grandes logros de nuestra vida democrática reciente.
Reformar por reformar nunca ha sido buena idea.
Cuidar lo que ha funcionado, sí lo es.
La reflexión de fondo debería ser sencilla: no cómo concentrar más poder, sino cómo seguir garantizando que el poder se mantenga equilibrado.
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