La reciente aprobación de la reforma al Código Penal de Puebla, conocida como la “Ley Censura”, ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones civiles, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre sus graves consecuencias para la libertad de expresión y el acceso a la información.
La polémica legislación, impulsada por el Congreso del estado de Puebla, introduce el delito de “ciberacoso” o “ciberasedio”, con penas de hasta 3 años de prisión. Sin embargo, críticos denuncian que su redacción es ambigua y abre la puerta a la criminalización de opiniones críticas, protestas en redes sociales y periodismo digital.
Consecuencias de la ley
Censura encubierta: La vaguedad del término “ciberasedio” podría usarse para silenciar voces disidentes, incluyendo a periodistas, activistas y usuarios que critiquen a autoridades o figuras públicas.
Impacto al periodismo: Reporteros temen que investigaciones sobre corrupción o abusos de poder sean judicializadas bajo este delito.
Autocensura: Ciudadanos y medios podrían limitar sus publicaciones por miedo a represalias legales.
Criminalización de la protesta digital: Colectivos advierten que manifestaciones en redes sociales, como campañas de denuncia, podrían ser perseguidas.
Contexto político
La aprobación ocurre en un entorno de creciente restricción a libertades digitales en México, donde al menos 12 estados han legislado contra “fake news” o “violencia digital”, muchas veces con fines represivos.
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