La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la judicialización de 11 policías municipales pertenecientes a los ayuntamientos de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, tras un operativo especial de revisión aplicado a corporaciones policiacas de la región.
La acción fue resultado de una evaluación integral a 156 elementos, durante la cual las autoridades aseguraron teléfonos celulares y analizaron expedientes laborales, administrativos y de control de confianza. Tras estas diligencias, la mayoría de los policías fue liberada, mientras que 11 casos fueron considerados con indicios suficientes para ser presentados ante un juez.
¿Qué delitos se les imputa?
A los policías judicializados se les atribuyen presuntos vínculos con grupos delictivos, principalmente mediante prácticas conocidas como “halconeo”, que consisten en alertar a organizaciones criminales sobre operativos, patrullajes o movimientos de fuerzas de seguridad.
Además, enfrentan cargos relacionados con el uso indebido de insignias, uniformes y funciones oficiales, delitos que agravan su situación legal al tratarse de servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana.
Contexto y relación con hechos previos
Este proceso se da en un contexto de reforzamiento de la seguridad en Chiapas, especialmente en municipios donde se han registrado hechos violentos, bloqueos, ataques armados y actividades atribuidas a grupos criminales organizados.
Las autoridades estatales han señalado que estas acciones buscan romper posibles redes de protección institucional y recuperar la confianza ciudadana en las corporaciones policiacas locales, luego de diversos episodios que evidenciaron debilidades en la seguridad regional.
Proceso legal y próximos pasos
Los 11 policías permanecen sujetos a proceso penal, mientras un juez determina su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. Paralelamente, los teléfonos asegurados continúan bajo análisis para detectar comunicaciones o vínculos adicionales con actividades ilícitas.
La Fiscalía no descarta nuevas imputaciones o detenciones, ya que la investigación sigue abierta. En tanto, corporaciones estatales y federales mantienen presencia en los municipios involucrados para garantizar la seguridad y evitar vacíos operativos durante el proceso.
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