Manuel Castellanos
En México, las grandes reformas electorales no surgieron del capricho, sino de crisis profundas de legitimidad. Las de los años setenta y noventa respondieron a un país que exigía abrir el sistema, equilibrar el poder y construir confianza donde no la había. Hoy el contexto es distinto, y por eso la pregunta de fondo no es menor: ¿esta nueva reforma responde a una necesidad estructural del sistema democrático o a una lógica política del momento? Porque el sistema electoral es una pieza de relojería fina, y tocar un engrane sin entender cómo sostiene al resto puede costarnos estabilidad, confianza y, sobre todo, equilibrio.
La presidenta ha presentado una iniciativa con diez puntos: cambios a la representación proporcional, reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, regulación de inteligencia artificial, ajustes a cómputos distritales, impulso a la democracia participativa, no nepotismo y no reelección.  En conjunto, la narrativa es clara: “más democracia”, “menos costo”, “más cercanía con el pueblo”. En el país de los excesos, esa idea suena bien. El reto es que suene bien no significa que funcione mejor.
Vale la pena empezar por el corazón de la propuesta: la representación proporcional. Los plurinominales no nacieron como un privilegio de cúpulas, al menos no en su sentido original. Surgieron como un mecanismo para corregir distorsiones, evitar mayorías artificiales y permitir que minorías reales tuvieran voz. En un sistema mayoritario puro, un partido puede quedarse con casi todo el poder legislativo con una ventaja relativa de votos. La representación proporcional se diseñó para que las cámaras reflejen, con mayor fidelidad, la pluralidad del país. Ese es su significado democrático: balance, contrapeso, inclusión.
La reforma plantea mantener 500 diputaciones y conservar la fórmula de representación proporcional, pero eliminando las listas tradicionales y sustituyéndolas, en parte, por “mejores perdedores” y por una lista votada por circunscripción.  La intención es empujar a que todos “vayan a territorio” y que nadie llegue sin pedir el voto. Es una idea políticamente rentable. La pregunta técnica es otra: ¿esa mecánica sigue garantizando el objetivo original de la representación proporcional, que es equilibrar el poder y representar minorías de manera efectiva, o termina premiando solo a quienes ya tienen estructura, recursos y condiciones competitivas en el territorio? En otras palabras: puede que democratice hacia dentro de los partidos, pero también puede reordenar el tablero hacia quienes ya dominan el juego.
Luego está el tema de los cómputos y la confianza. En la presentación se sugiere que los cómputos distritales inicien al término de la jornada y se “deje fuera” al PREP.  Aquí vale una defensa técnica, sin romanticismos: el PREP no es el resultado definitivo, pero sí ha sido, durante años, un ancla de transparencia y certeza en la noche electoral. No sustituye el cómputo oficial, lo acompaña y reduce el espacio para especulación, vacío informativo y manipulación. Si el objetivo es fortalecer la confianza pública, cualquier ajuste debe explicarse con precisión quirúrgica: qué mejora, qué riesgo reduce y qué riesgo abre. En materia electoral, la percepción es parte de la estabilidad.
También hay que hablar de los institutos electorales locales. En el debate público suele caricaturizarse su existencia como burocracia innecesaria y gasto permanente. Pero los OPLES no solo “aparecen” cuando hay elecciones. Tienen funciones de educación cívica, preparación técnica, actualización de normativa local, fiscalización en coordinación cuando aplica, atención de mecanismos de participación ciudadana, monitoreo institucional, organización de ejercicios locales y construcción de capacidades. Si el país es federal en serio, necesita instituciones locales con músculo técnico, no solo delegaciones debilitadas esperando instrucciones. La iniciativa, de hecho, coloca la reducción de costos como un eje que incluye recortes a INE, partidos, OPLES y tribunales.  La pregunta que debemos exigir que se responda es: ¿qué se recorta exactamente sin desmantelar capacidades? Porque la austeridad mal diseñada no adelgaza grasa, rompe huesos.
Esto conecta con un punto de fondo: el federalismo. México no es solo un mapa, es un rompecabezas institucional. Estados, municipios, autoridades locales, realidades regionales, riesgos diferenciados. En un país tan desigual, los equilibrios no son un lujo: son un mecanismo de estabilidad. Cuando se habla de “sistema nacional” de consultas, de reglas comunes y de reconfigurar facultades, hay que cuidar que el remedio no termine uniformando donde se necesita adaptación. Equilibrio es la palabra clave. Y el equilibrio en un federalismo funcional no se decreta, se construye con instituciones que operan, coordinan y corrigen.
Ahora, el gasto. Estoy de acuerdo con la crítica al despilfarro y a los bonos, privilegios y duplicidades. Nadie debería defender excesos como si fueran sinónimo de autonomía. La propia propuesta plantea recortes del 25% al costo total de las elecciones y ajustes salariales conforme al artículo 127.  Pero aquí va la reflexión incómoda: recortar no es sinónimo de funcionar mejor. Disminuir recursos puede significar menos capacitación, menos supervisión, menos despliegue territorial, menos monitoreo, menos auditoría. Es decir, menos Estado justo donde más se necesita: en la integridad del proceso. Si la preocupación real es el dinero, una vía más inteligente es fortalecer el control, no solo reducir el presupuesto.
De hecho, el punto más sólido de la iniciativa es el de fiscalización: acceso oportuno a operaciones financieras, prohibición de aportaciones en efectivo, uso de tecnología.  Ahí hay una intuición correcta: en 2026 el problema no es solo cuánto cuesta la democracia, sino cuánto cuesta que el dinero indebido la capture. Si se quiere combatir de verdad el financiamiento ilegal, el foco debe estar en trazabilidad, inteligencia financiera, sanciones efectivas y capacidad operativa del árbitro. Y eso, paradójicamente, requiere recursos bien usados.
Por eso, mi lectura no es de rechazo automático ni de aplauso fácil. Es una lectura de equilibrio. Sí, hay áreas que necesitan actualización: fiscalización, reglas frente a IA y bots, mecanismos de participación.  Pero el sistema electoral no se mejora solo con una promesa de ahorro o con la idea atractiva de “que todos se ganen su lugar”. Se mejora asegurando que lo que sostiene la democracia siga en pie: certeza, transparencia, pluralidad real, instituciones con capacidad y un federalismo que funcione.
Si la reforma va a avanzar, el debate público debe elevar su estándar: menos narrativa fácil y más rigor institucional. La democracia no se fortalece únicamente reduciendo costos, sino preservando con inteligencia las capacidades que garantizan certeza, pluralidad y confianza. México no está ante una discusión menor ni ante una reforma cualquiera; está frente a decisiones que pueden reconfigurar incentivos y equilibrios por muchos años. Por eso, la responsabilidad histórica no es reformar por inercia ni por aplauso coyuntural, sino intervenir el sistema con la precisión de quien entiende que, en política electoral, el verdadero riesgo no es lo que se cambia… sino lo que se desequilibra sin advertirlo.
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