Por Argenis Esquipulas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de abril de 2026 – Dos sicarios, una cena interrumpida y una corona que nunca será entregada. Así terminó la vida de Noé Alejandro López Martínez, “Fernanda Palacios”, actual “Reina de Reinas” del certamen de belleza gay de México. La noche del sábado, en la colonia Linda Vista Poniente de Cintalapa, los disparos no solo mataron a un joven de 27 años: ejecutaron a un símbolo de la diversidad sexual en el sureste mexicano.
Alejandro estaba afuera de una cenaduría cuando dos hombres armados llegaron sin mediar palabra. Los balazos rompieron el silencio de la calle José María Morelos. Paramédicos solo confirmaron la muerte. Su organización, Num México Gay, exige justicia y que se investigue como crimen de odio. La fiscalía, hasta ahora, guarda silencio.
Pero el caso de Noé Alejandro no es un hecho aislado. Es el reflejo de una crisis que late en Chiapas mientras el Congreso duerme.
Cintalapa, municipio fronterizo con Oaxaca, es un territorio en disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. La guerra por drogas y migrantes ha dejado cuerpos sin nombre. Sin embargo, colectivos como Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA A.C. advierten: reducir todo a “daño colateral” del narco es un error. La transfobia también está en el vecino, en el policía, en el servidor público que niega la identidad.
Las cifras son escalofriantes. Mientras el cuerpo de Noé Alejandro era velado, las organizaciones reportaron que la violencia transfeminicida en Chiapas aumentó un 200% durante 2025. México es ya el segundo país de América con más transfeminicidios. Pero en Chiapas, el delito de transfeminicidio no está tipificado. Esa omisión legislativa convierte estos asesinatos en homicidios simples, borrando el móvil de odio.
María Marina Román Trujillo, activista trans y fundadora de Diversidad, VIH y Sexualidad A.C., lo resume con crudeza: “Ser persona trans en estas épocas de discursos de odio es una sentencia de desaparecer”. Además, denuncia que las autoridades usan el “nombre de nacimiento” en fichas de búsqueda y necropsias, ignorando el nombre elegido. “Eso imposibilita nuestra localización”, sentencia.
Mientras en Tuxtla Chico enterraban a Beany Lozano García, una joven de 18 años asesinada por su novio, Chiapas acumula 14 feminicidios en lo que va del año. Las mujeres trans, en la intersección del machismo y la transfobia, son las más vulnerables.
Los colectivos exigen al gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar tipificar el transfeminicidio y aprobar la Ley de Identidad Trans. Noé Alejandro debía entregar su corona en junio en la CDMX. Nunca podrá hacerlo. La pregunta, mientras la sangre aún se seca en Cintalapa, es inevitable: ¿cuántas reinas más tendrán que caer para que el Estado las reconozca?
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